SUNEDU multa a la UNA-Puno por irregularidades en nombramiento docente y exigen anular designaciones


SUNEDU multa a la UNA Puno

Sunedu sanciona con S/ 29 160 a la UNA-Puno por presuntas irregularidades en el nombramiento extraordinario de docentes del concurso 2023-II

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) impuso una multa de S/ 29 160 a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA-Puno) por vulnerar la Ley Universitaria y su normativa interna durante el proceso de nombramiento extraordinario de docentes correspondiente al concurso 2023-II. Así lo informó el abogado Rolando Jiménez, quien señaló que la universidad incorporó requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 32171, perjudicando a docentes que sí cumplían las condiciones legales para acceder al nombramiento.

Explicó que la Ley 32171 establecía que podían acceder al nombramiento extraordinario los docentes que tenían contrato vigente en el semestre académico 2023-II, habían ingresado mediante concurso público y contaban con cinco años de experiencia laboral.

Sin embargo, las anteriores autoridades universitarias, encabezadas por el entonces rector y el Consejo Universitario, aprobaron un reglamento que modificó esta disposición y exigió tener contrato vigente en el semestre 2024-II, incorporando una condición que no figuraba en la ley.

El abogado precisó que esta irregularidad fue advertida oportunamente e incluso la propia universidad realizó una consulta a la Sunedu, entidad que habría señalado que no correspondía agregar nuevos requisitos. Pese a ello, se continuó con el proceso, nombrando a docentes que no cumplían las condiciones establecidas por ley y excluyendo a otros que sí tenían derecho.

Frente a esta situación, los afectados interpusieron una acción de amparo, mientras que posteriormente se presentó una demanda de acción popular que fue declarada fundada por la Sala Civil, disponiendo que la universidad cumpla estrictamente la Ley 32171. Esta sentencia se encuentra pendiente de pronunciamiento en la Corte Suprema.

Respecto a las acciones que deben adoptar las nuevas autoridades universitarias, Jiménez sostuvo que corresponde aplicar el artículo 213 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos contrarios a la ley.

Según indicó, la universidad tiene plazo hasta enero de 2027 para adoptar esta medida, lo que implicaría revisar y anular los nombramientos cuestionados. Advirtió que, de no cumplir esta obligación, los actuales responsables podrían incurrir en responsabilidades legales por omisión de funciones.