Familiares y sobrevivientes piden acelerar las investigaciones, sancionar a los responsables y garantizar atención para quienes aún sufren las consecuencias de las protestas
El presidente de la Asociación de las Víctimas del 9 de Enero de 2023, Raúl Zamillán Sanga, manifestó que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte están dispuestos a dialogar con el actual Gobierno, siempre que se atiendan sus demandas. Entre sus principales pedidos mencionó la derogatoria de las denominadas leyes procrimen, una mayor celeridad en las investigaciones y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mediante un pedido de disculpas a las víctimas y sus familiares.
Asimismo, cuestionó la demora de las investigaciones, al señalar que, después de más de tres años de los hechos ocurridos el 9 de enero, los procesos todavía se encuentran en etapa preliminar y aún no avanzan al control de acusación en Juliaca. También expresó su preocupación por los cambios de fiscales, los recortes presupuestales al Ministerio Público y la desactivación del equipo especial que investigaba estos casos a nivel nacional. Indicó que las familias esperan que los procesos lleguen a juicio y permitan identificar y sancionar a los responsables.
El dirigente señaló que los sobrevivientes continúan afrontando consecuencias físicas, económicas y familiares, sin recibir la atención que requieren en materia de salud, educación, vivienda y trabajo. Mencionó los casos de las personas que quedaron con graves secuelas y que actualmente tienen dificultades para trabajar. Asimismo, sostuvo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la atención de las víctimas no se estarían cumpliendo, por lo que afirmó que las familias continúan sintiéndose abandonadas por el Estado.
Respecto a las condiciones para establecer un diálogo, Zamillán explicó que buscan que las investigaciones permanezcan en el fuero civil y no sean trasladadas al fuero militar, pues considera que ello afectaría la transparencia del proceso. Agregó que presentaron pedidos ante las bancadas de oposición en el Congreso para impulsar la derogatoria de las normas cuestionadas y la conformación de una comisión que contribuya a acelerar las investigaciones.
