El exdefensor del Pueblo cuestionó las disposiciones anunciadas por el Gobierno y pidió un debate nacional con especialistas antes de aprobar medidas que afecten a los estudiantes.
El exdefensor del Pueblo y abogado Walter Albán Peralta advirtió que las medidas anunciadas por el Gobierno para restablecer la disciplina en las instituciones educativas podrían responder a una política efectista y autoritaria, en lugar de solucionar los problemas de fondo que afectan a los escolares. Cuestionó que se planteen sanciones, controles sobre la presentación personal y otras disposiciones sin una evaluación integral ni un debate técnico con especialistas en educación.
Durante una entrevista en Radio Onda Azul, Albán sostuvo que existe improvisación en las decisiones del Ejecutivo y señaló que las medidas anunciadas no cuentan, según su evaluación, con fundamentos suficientes para garantizar resultados. Consideró que los casos de acoso escolar, violencia y agresiones sexuales requieren respuestas construidas a partir de investigaciones y experiencias acumuladas, en lugar de disposiciones adoptadas para transmitir una imagen de autoridad.
El exdefensor del Pueblo también cuestionó que el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas y a medidas de control como respuesta a la inseguridad ciudadana. Advirtió que esta orientación podría fortalecer tendencias autoritarias y desplazar la atención de reformas estructurales pendientes, entre ellas la reforma policial y el diseño de políticas públicas eficaces para enfrentar la violencia.
Albán planteó que las medidas educativas deben someterse a un debate nacional con participación de especialistas y considerar los antecedentes de las políticas aplicadas en el país. Advirtió que pretender recuperar modelos disciplinarios del pasado, basados en estructuras rígidas y controles sobre los estudiantes, podría agravar los problemas en lugar de resolverlos.
Finalmente, cuestionó que se intente acelerar la aprobación de disposiciones de esta naturaleza sin una discusión técnica suficiente. Sostuvo que los representantes parlamentarios deben recoger las preocupaciones de sus regiones y promover un debate serio antes de aprobar medidas que tendrán consecuencias en la formación de niños y adolescentes.
