El Departamento del Tesoro acusa a Petro de facilitar el aumento del comercio ilícito de drogas; el mandatario y su familia niegan los cargos y califican la medida como persecución política
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su presunto papel en el comercio mundial ilícito de drogas. Las medidas también alcanzan a su esposa, su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti.
En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que desde que Petro asumió el poder “la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
El presidente colombiano respondió a través de su cuenta en X, señalando que ha contratado un abogado estadounidense para defenderse y que “luchar contra el narcotráfico durante décadas me ha traído esta medida del gobierno de la misma sociedad a la que tanto ayudamos”. Agregó que no dará “ni un paso atrás” ante lo que considera una injusticia.
Las tensiones entre los gobiernos de Petro y Donald Trump se han intensificado en los últimos meses, especialmente tras el incremento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y la decisión de Washington de suspender pagos a Colombia. Además, el Departamento de Estado revocó recientemente la visa de Petro tras su participación en la Asamblea General de la ONU.
Por su parte, Benedetti rechazó las acusaciones y calificó las sanciones de “absurdas”, mientras que Nicolás Petro las tildó de “persecución política y judicial sin precedentes”, anunciando que acudirá a organismos internacionales para defender sus derechos.
El Departamento del Tesoro señaló que Nicolás Petro fue detenido en 2023 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, al supuestamente canalizar fondos de narcotraficantes hacia la campaña presidencial y el programa de “paz total” de su padre. No obstante, el hijo del mandatario aseguró que el caso “no tiene ninguna relación con el narcotráfico ni con la campaña”.
Las sanciones marcan un nuevo punto de quiebre en la relación bilateral entre Bogotá y Washington, en un contexto de creciente tensión diplomática y cuestionamientos cruzados sobre la lucha antidrogas en la región.
