El Pleno no alcanzó los votos necesarios y archivó las propuestas, dejando sin efecto la sanción de diez años fuera de la función pública para los exfuncionarios condenados por conspiración para la rebelión.
El Congreso de la República rechazó inhabilitar por diez años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta, al no alcanzar los 68 votos necesarios para aprobar la sanción. Las propuestas obtuvieron 44, 54 y 42 votos a favor respectivamente, por lo que serán enviadas al archivo. El debate se centró en las acusaciones de la Comisión Permanente, que imputaban a los exfuncionarios la infracción de dieciocho artículos de la Constitución relacionados con la separación de poderes y el intento de cierre del Parlamento durante el golpe del 7 de diciembre de 2022.
Durante la sesión, los acusados y sus abogados ejercieron sus defensas. Castillo, desde el penal de Barbadillo, insistió en su versión de victimización, mientras su abogado alegó que una nueva inhabilitación constituiría un doble castigo, pues ya existe una sanción judicial de dos años como parte de su condena. La defensa de Betssy Chávez protagonizó momentos tensos, especialmente tras los insultos proferidos por el abogado Raúl Noblecilla contra el Congreso y el exmandatario Alberto Fujimori, lo que motivó su expulsión del hemiciclo. Willy Huerta, por su parte, negó haber participado en actos ilícitos y defendió su inocencia.
Los tres exfuncionarios ya cumplen penas de prisión y dos años de inhabilitación tras ser condenados por conspiración para la rebelión. No obstante, el Congreso evaluaba imponer una inhabilitación adicional de diez años debido al impacto institucional del intento de golpe, que buscó disolver el Congreso y reorganizar organismos clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. El rechazo de la propuesta cierra momentáneamente el capítulo legislativo de este proceso, aunque persisten las tensiones políticas derivadas de los hechos del 7 de diciembre de 2022.
