El abogado Gerber Huanca advirtió que la norma obligaría a derivar al fuero militar-policial procesos en trámite, incluidos casos vinculados a las protestas sociales de 2022 y 2023, lo que podría afectar la imparcialidad de las investigaciones y el acceso a la reparación para las víctimas
El abogado y analista político en materia jurídica, Gerber Huanca, cuestionó la reciente aprobación en segunda votación de la ley que dispone que los presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones sean procesados exclusivamente por el fuero militar-policial.
Explicó que, una vez promulgada y publicada la ley, esta tendrá aplicación inmediata por tratarse de una norma procesal. En consecuencia, los procesos que actualmente se tramitan en el Poder Judicial deberán ser archivados y derivados al fuero militar-policial, incluso aquellos que ya cuentan con sentencias condenatorias en primera instancia y aún no tienen calidad de cosa juzgada.
El especialista advirtió que esta situación afectaría investigaciones relacionadas con las protestas sociales de los años 2022 y 2023, así como otros casos donde efectivos policiales o militares son investigados por presuntos excesos durante el cumplimiento de sus funciones. Además, señaló que el archivo de los procesos también impediría resolver aspectos como la reparación civil a favor de las víctimas.
Otro de los cuestionamientos formulados por Huanca es que los jueces y fiscales del fuero militar-policial pertenecen a la propia institución castrense o policial, lo que, a su criterio, genera dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones y el juzgamiento. Asimismo, indicó que en el país existe una limitada cantidad de abogados especializados en este sistema de justicia, situación que podría dejar en desventaja a las personas agraviadas.
Finalmente, señaló que una eventual acción de inconstitucionalidad podría ser presentada por instituciones facultadas por la Constitución, como colegios profesionales, congresistas o gobiernos regionales. De no prosperar en el ámbito nacional, indicó que el caso podría llegar a instancias internacionales de protección de los derechos humanos, aunque ello requeriría previamente agotar los mecanismos internos.
