El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que un equipo multidisciplinario brindará apoyo legal y pericial a las víctimas, mientras se refuerzan medidas de seguridad en la zona
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que el Gobierno ha puesto a disposición de los familiares de los 13 mineros asesinados en la provincia de Pataz un equipo especializado de la Defensa Pública, con el objetivo de brindar asistencia legal y facilitar su acceso a la justicia.
El equipo está conformado por profesionales en defensa de víctimas, peritos criminalísticos y abogados, quienes ya han comenzado a asistir a las familias. “Dos de ellas han aceptado el apoyo para los trámites legales. Se les está orientando e informando debidamente”, señaló Arana durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
El ministro expresó sus condolencias a los deudos y respaldó la medida del toque de queda decretado en la zona, indicando que responde a un estado de emergencia ante el deterioro del orden interno. Precisó que, si bien se ha activado el comando político-militar bajo control de las Fuerzas Armadas, no se ha declarado estado de sitio, ya que esta figura legal se aplica únicamente en contextos de guerra externa.
Arana también pidió al Congreso debatir con urgencia la propuesta del Ejecutivo para tipificar el «terrorismo urbano», y reiteró el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad. Además, lamentó que el Parlamento derogara en marzo de este año el Decreto Legislativo 1607, aprobado en diciembre de 2023, que regulaba el uso de explosivos por parte de la minería ilegal. “Era una norma clave para enfrentar el crimen organizado en ese sector”, concluyó.
Fuente: Agencia Andina