Una ciudadana debe gastar más de S/ 500 en solo 10 días para demostrar que no se afilió voluntariamente al partido Alianza Para el Progreso
El derecho a la participación política en el Perú enfrenta una grave distorsión: las víctimas de afiliaciones partidarias indebidas deben pagar para demostrar que sus firmas fueron falsificadas. Este es el caso de Kharla Márquez, de 33 años, quien denuncia haber sido afiliada sin su consentimiento al partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.
Desde abril, Márquez ha solicitado formalmente su desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero lejos de recibir una solución rápida y gratuita, ha sido obligada a iniciar un proceso burocrático que podría costarle más de S/ 500. Entre los documentos exigidos se encuentra un estudio grafotécnico elaborado por un perito y una declaración jurada notariada (Anexo 10), todo en un plazo de solo 10 días hábiles.
Aunque el JNE y Reniec eliminaron recientemente la tasa de S/ 46.20 para este trámite, la carga económica sigue recayendo en las víctimas. El caso de Márquez revela que cuando un partido político responde a la solicitud de desafiliación como hizo APP, el organismo electoral exige a la persona presuntamente suplantada que presente pruebas que respalden su denuncia. No hay un listado claro de los documentos, y la atención a consultas es deficiente, según denuncia la propia ciudadana.
Joanna Malásquez, amiga de la denunciante, explicó que el JNE se ampara en la Resolución N° 0017-2025-JNE para justificar el pedido de pruebas, aunque sin precisar claramente qué se debe presentar. A esto se suma la paradoja de que para conseguir la ficha de afiliación necesaria para el análisis pericial se debe hacer un pedido de acceso a la información que también toma hasta 10 días, el mismo plazo dado para presentar las pruebas.
“El sistema está diseñado para que no puedas salir del partido. No hay claridad, no hay apoyo y todo el peso de la prueba recae en el ciudadano, no en el partido que podría haber cometido una falta”, denunció Márquez.
Este caso pone en evidencia las trabas institucionales que enfrentan los ciudadanos peruanos que quieren hacer valer su derecho a no estar afiliados a un partido político sin su consentimiento. A pesar de los pedidos de transparencia y simplificación del proceso, el JNE no ha ofrecido declaraciones oficiales.
