Seis detenidos y evidencias revelan manipulación de papeletas para evitar sanciones graves
El fiscal Arturo Siirena, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Puno, se pronunció tras el allanamiento e incautación en diversas oficinas de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno, en el marco de una investigación por una presunta red de corrupción que habría operado desde el año 2024.
Según detalló, las diligencias forman parte de una investigación impulsada por la Dirección Desconcentrada contra la Corrupción, la cual advertía sobre la existencia de malos funcionarios que manipulaban el contenido de papeletas por infracciones graves. Estas irregularidades implicaban la alteración de sanciones que, en muchos casos, debían derivar en la inhabilitación definitiva de licencias de conducir, pero que finalmente no se ejecutaban.
Para confirmar estas sospechas, el Ministerio Público desplegó una serie de acciones especiales, como el uso de agentes encubiertos, colaboradores eficaces y sistemas de videovigilancia. Estas herramientas permitieron documentar el presunto modus operandi de la red, evidenciando que estas prácticas se habrían convertido en acciones rutinarias dentro de la entidad.
Durante las diligencias, se verificó que, pese a la existencia de papeletas con sanciones graves registradas, varios infractores mantenían sus licencias de conducir vigentes. Esta contradicción fue corroborada al contrastar la información oficial con consultas directas a los involucrados.
En ese contexto, el Poder Judicial otorgó un plazo de 10 días de detención preliminar, durante los cuales ya se ha detenido a seis personas presuntamente implicadas en estos hechos. El objetivo principal en este periodo es recabar y fortalecer la evidencia documental, revisando expedientes y contrastando la información obtenida durante la investigación.
Finalmente, el fiscal indicó que, culminado el plazo, el Ministerio Público evaluará si existen elementos de convicción suficientes para formalizar la investigación preparatoria. De ser así, no se descarta solicitar medidas más severas, como la prisión preventiva contra los implicados.
