Julio Condori cuestiona normas vinculadas a diligencias fiscales y pide al Congreso revisar su impacto en la lucha contra el delito
El analista político Julio Condori Cerdán cuestionó la permanencia de las denominadas “leyes pro crimen” y advirtió que estas normas podrían favorecer a organizaciones criminales y dificultar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, las extorsiones y el sicariato. Durante una entrevista en Participación Ciudadana, sostuvo que estas disposiciones deberían ser derogadas y cuestionó que el Gobierno haya descartado observarlas.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con las condiciones para ejecutar allanamientos. Condori consideró perjudicial que los investigados puedan conocer con anticipación determinadas diligencias fiscales, porque ello permitiría, según su apreciación, eliminar o esconder evidencias antes de la intervención de las autoridades. “Al día siguiente no encontramos un átomo de droga, una laptop ni un celular”, señaló al ejemplificar los riesgos que, a su juicio, generan estas disposiciones.
El analista sostuvo que la permanencia de estas normas resulta aún más preocupante en un escenario de creciente inseguridad ciudadana, marcado por denuncias de extorsión, sicariato y homicidios. Cuestionó, además, la eficacia de las acciones del Gobierno frente a la criminalidad y consideró que el Congreso debería impulsar una revisión de las leyes cuestionadas para evitar que terminen convirtiéndose en obstáculos para el trabajo de fiscales y policías.
Condori también advirtió que la derogatoria de estas normas podría enfrentar resistencia en el Senado, pese a que algunas bancadas ya plantearon iniciativas para eliminarlas. A su juicio, esta situación podría profundizar la polarización política y mantener vigente un marco legal que, desde su perspectiva, termina favoreciendo a quienes están vinculados con organizaciones criminales.
Finalmente, sostuvo que las leyes deben fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar el delito, y no generar ventajas para quienes son investigados. En ese sentido, planteó que el debate sobre las denominadas “leyes pro crimen” debe ser asumido como una prioridad frente a la crisis de seguridad y la creciente preocupación de la ciudadanía.
