A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el Estado peruano no ha brindado la atención médica necesaria
El abogado encargado de la defensa de los casos de los estudiantes de la Institución Educativa “Gamaliel Churata”, del distrito de Cabana, provincia de San Román, César Quispe, en diálogo con Radio Onda Azul, denunció la falta de avances en la investigación legal y el deterioro de la salud de los niños afectados.
En este sentido, informó que, la investigación ha estado paralizada en la ciudad de Juliaca, sin que se haya identificado a los responsables del hecho. Ante esta situación, la semana pasada se llevó a cabo una reunión virtual con la presidenta de la Junta de Fiscales de la Nación, tras la cual se decidió el cambio del fiscal a cargo, debido a su ineficacia en el proceso, con ello se espera que se agilicen las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables.
Asimismo, expresó que la situación médica de los estudiantes es verdaderamente preocupante ya que, a un año de los hechos, muchos de ellos continúan padeciendo problemas como dolores estomacales, úlcera, gastritis, dolores de cabeza, desangramientos y, en algunos casos, pérdida de la visión y afecciones en órganos internos. A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el Estado peruano no ha brindado la atención médica necesaria.
Frente a la falta de diagnóstico por parte del Ministerio de Salud, los padres decidieron trasladar a sus hijos a Lima en busca de atención especializada. Lamentablemente, en esta travesía se enfrentaron a actos de discriminación y a una total indiferencia por parte de las autoridades.
“Hasta el momento, no se ha emitido un diagnóstico oficial sobre la causa exacta de los padecimientos de los menores. Sin embargo, análisis realizados en laboratorios privados han detectado la presencia de bacterias como la Salmonella Typhisis, lo que refuerza la hipótesis de que la intoxicación provino de los alimentos consumidos”, sostuvo.
Ante la falta de acción del Estado, el equipo legal ha tomado medidas adicionales. Además del seguimiento al cambio de fiscal y la reapertura de las investigaciones en Lima, se ha interpuesto una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción busca presionar a las autoridades peruanas para que actúen de manera efectiva en la protección de la salud y los derechos de los menores afectados.
