Carlos Rivera señala que el precedente aplicado en favor de Keiko Fujimori ya es utilizado por otras defensas para cuestionar condenas por aportes de campaña
La reciente decisión judicial que archivó definitivamente el proceso por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori y otros implicados en el denominado caso Cócteles podría tener efectos directos en otros procesos emblemáticos del país, entre ellos el que involucra al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia.
Así lo advirtió Carlos Rivera Paz, quien sostuvo que la sentencia emitida previamente por el Tribunal Constitucional ha generado un precedente que ya viene siendo invocado por otras defensas para cuestionar investigaciones y condenas relacionadas con aportes de campaña.
“El caso de Ollanta Humala es casi idéntico al caso de Keiko Fujimori porque se trata de aportes de campaña. Por eso, la defensa ya ha solicitado que se le aplique el mismo criterio y que se anule la sentencia condenatoria”, afirmó.
Rivera explicó que el Tribunal Constitucional consideró que, al momento en que ocurrieron los hechos investigados en el caso Cócteles, no existía una ley específica que sancionara los aportes de campaña como delito de lavado de activos. Según el jurista, este argumento terminó impactando directamente en el juicio contra Keiko Fujimori, al punto de provocar su anulación.
Sin embargo, advirtió que los efectos de esta decisión podrían extenderse a otros procesos vinculados al caso Caso Lava Jato. En el caso de Ollanta Humala, precisó que la defensa busca que se aplique la misma interpretación jurídica, pese a que existen otros elementos que también forman parte de la acusación.
“Si se sostiene que los aportes de campaña, aun cuando tengan irregularidades, no constituyen un hecho delictivo, entonces surge la pregunta de por qué Ollanta Humala tendría que continuar cumpliendo una condena por hechos similares”, señaló.
El abogado del IDL cuestionó además el papel asumido por el Tribunal Constitucional, al considerar que habría excedido sus competencias al pronunciarse sobre aspectos propios de la justicia penal.
“Al Tribunal Constitucional le corresponde determinar si existen vulneraciones a derechos fundamentales, pero no establecer si determinados hechos constituyen o no delitos. Esa valoración corresponde a los jueces penales”, manifestó.
Finalmente, Rivera Paz alertó que esta situación podría tener consecuencias de largo alcance en la lucha contra la corrupción, pues no solo afecta el caso Cócteles, sino que podría modificar el rumbo de otras investigaciones y sentencias relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas.
