Procesos por muertes, lesiones graves y presuntos actos de tortura registrados entre 2022 y 2023 entrarán a una fase decisiva en 2026, con acusaciones fiscales que podrían derivar en penas de hasta 35 años de prisión
Las investigaciones por las protestas sociales ocurridas entre finales de 2022 y 2023 en la región Puno registran avances importantes y se encaminan hacia la etapa intermedia del proceso penal, informó el abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero de Juliaca, César Quispe.
El letrado explicó que la fase de investigación preparatoria ya concluyó en varias carpetas fiscales y que próximamente se presentarán las acusaciones formales para determinar qué casos pasarán a juicio oral. Precisó que, además de los hechos ocurridos el 9 de enero en Juliaca, existen investigaciones formalizadas con responsables identificados por sucesos registrados el 14 de diciembre, 6 y 7 de enero, 24 de enero, 9 de febrero y 14 de marzo.
Quispe indicó que este 2026 será un año decisivo para los procesos vinculados a las protestas sociales, pues a nivel nacional se prevé la presentación de diversas acusaciones fiscales. En algunos expedientes donde se investigan lesiones graves se han solicitado penas de hasta 8 años de prisión, mientras que, en casos relacionados con muertes, tentativa de homicidio y tortura las sanciones podrían alcanzar hasta 35 años de cárcel.
Asimismo, aclaró que el general PNP Víctor Zanabria no forma parte, ni directa ni indirectamente, de las carpetas fiscales que se siguen en la región Puno. En estos procesos, los investigados corresponden a otros mandos de la Policía Nacional y del Ejército que estuvieron a cargo de la Macro Región Sur, la Región Policial Puno y la ciudad de Juliaca durante las movilizaciones.
El abogado sostuvo que las investigaciones han avanzado pese a diversas dificultades, como los constantes cambios de fiscales, la falta de acceso oportuno a las carpetas fiscales y el traslado de los casos entre diferentes subsistemas del Ministerio Público. No obstante, aseguró que los familiares de las víctimas mantienen firme su exigencia de justicia y esperan que los procesos culminen con sentencias que determinen las responsabilidades correspondientes.
