Sala Civil de Puno anula fallo que entregaba más de 12 mil metros cuadrados del Colegio Politécnico Huáscar a particulares


Colegio Politécnico Huáscar anula fallo
Colegio Politécnico Huáscar anula fallo

Sala Civil de Puno ordena reincorporar a la Municipalidad en el proceso tras detectar vulneraciones al derecho de defensa sobre terrenos en disputa

La Sala Civil de Puno confirmó la nulidad de la sentencia que favorecía a Enrique Calmet Choque e Ivette Paola Rodríguez en el polémico caso del Colegio Politécnico Huáscar.

La resolución judicial ratifica la Sentencia N° 137-2025-CI, emitida en el Expediente N° 472-2021, tras la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta presentada por la Procuraduría Pública Municipal. El fallo reconoce graves vulneraciones al derecho de defensa de la comuna puneña, debido a que la Municipalidad nunca fue incorporada ni notificada formalmente en el proceso anterior, pese a que el terreno en disputa comprende áreas públicas registradas como el sector Ríos y el pasaje Enrique Torres Belón.

Con esta decisión, la Sala Civil ordenó retrotraer el proceso hasta la audiencia preliminar realizada el 20 de mayo de 2022, disponiendo que ahora sí se notifique oficialmente a la Municipalidad Provincial de Puno para que ejerza plenamente su defensa legal en representación de los intereses de la población.

El caso ha generado controversia desde años atrás, debido a que la sentencia emitida en 2017 ordenaba dividir el terreno del Colegio Politécnico Huáscar y transferir más de 12 mil metros cuadrados a particulares. La ejecución de dicha resolución se realizó en febrero de 2021, en plena emergencia sanitaria por la pandemia, en medio de serios cuestionamientos y observaciones sobre presuntas irregularidades procesales.

Frente a esta situación, la actual gestión municipal, a través de la Procuraduría Pública, impulsó acciones legales para salvaguardar los bienes públicos y exigir el respeto al debido proceso. El procurador público municipal expresó su conformidad con el reciente fallo judicial, señalando que esta decisión permitirá que el caso vuelva a ser evaluado con transparencia, legalidad y pleno respeto al derecho de defensa institucional.