El Módulo Defensorial de Juliaca señaló que, de confirmarse los hechos, los responsables deberán ser sancionados y destacó que la Fiscalía de Derechos Humanos ya inició las investigaciones por un caso que podría configurarse como presunto delito de tortura
El coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez, calificó como lamentable la denuncia de una presunta agresión contra un ciudadano al interior de la comisaría sectorial de Ayaviri y demandó que, el caso sea investigado con total transparencia, advirtiendo que, de comprobarse los hechos, los responsables deberán ser sancionados con todo el peso de la ley.
El funcionario informó que, la Defensoría del Pueblo, a través de su sede central en Puno, ya se constituyó en la comisaría, para recabar documentación relacionada con el caso. Asimismo, precisó que, desde el módulo defensorial de Juliaca, se coordinó de inmediato con la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de San Román, entidad que, confirmó el inicio de las investigaciones correspondientes.
Enríquez recordó que, este no sería el primer caso de presuntos abusos policiales registrado en la zona norte de la región. Mencionó un antecedente ocurrido en el distrito de Arapa, donde un ciudadano denunció un maltrato psicológico por parte de efectivos policiales. Sin embargo, explicó que la investigación no prosperó debido a la falta de cámaras de videovigilancia en la dependencia policial y porque el denunciante desistió de continuar con el proceso.
Respecto a las versiones de la población de Ayaviri, que señalan que el policía involucrado habría sido cuestionado anteriormente por hechos similares en otras jurisdicciones, el representante de la Defensoría indicó que, esa información constituye un indicio que debe ser considerado dentro de las investigaciones, aunque aclaró que toda responsabilidad deberá acreditarse mediante medios probatorios.
Finalmente, señaló que, la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos permite presumir que el caso estaría siendo investigado bajo la presunta comisión del delito de tortura. En ese sentido, exhortó tanto a la Inspectoría de la Policía Nacional como al comando de la Región Policial a realizar una investigación exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.