Especialista advierte incumplimiento del Convenio 169 de la OIT en procesos mineros en el país
En medio de un escenario político marcado por la incertidumbre electoral, el debate sobre las concesiones mineras vuelve a cobrar relevancia como uno de los ejes que definirán el rumbo económico del país. Durante una entrevista a través de Radio Onda Azul, el comunicador social Víto Calderón, vinculado a la defensa de derechos humanos y medio ambiente, advirtió que el próximo gobierno tendrá el desafío de sostener la estabilidad económica, en la que la minería juega un papel clave, pero sin descuidar los derechos de las comunidades.
Cuestionó la forma en que el Estado viene otorgando concesiones mineras, señalando que en muchos casos se omiten normas fundamentales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995. Esta norma establece la obligación de realizar procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, algo que según indicó no se estaría cumpliendo de manera efectiva, generando tensiones y conflictos en distintas regiones del país.
En ese contexto, alertó sobre la creciente criminalización de la protesta social en zonas afectadas por actividades extractivas. Explicó que diversas comunidades han optado por recurrir a la vía judicial para defender sus territorios y evitar persecuciones, priorizando mecanismos legales antes que la movilización directa, debido a los riesgos que enfrentan los dirigentes que alzan su voz.
A esta problemática se suma la presencia de la minería ilegal e informal, especialmente en el norte de regiones como Puno, donde esta actividad genera ingresos directos para la población local. Según Calderón, esto crea una dinámica distinta frente a la minería formal, que muchas veces no logra integrar a las economías locales, alimentando así un debate sobre cuál modelo resulta más beneficioso o menos perjudicial para las comunidades.
Finalmente, advirtió que las recientes propuestas legislativas sobre concesiones mineras inactivas podrían generar efectos contraproducentes si no se implementan con criterios claros, abriendo la puerta a una mayor expansión de actividades ilegales. En ese sentido, el debate sobre las concesiones mineras continúa evidenciando la necesidad de encontrar un equilibrio entre crecimiento económico, respeto a los derechos colectivos y protección del medio ambiente.
