El Tribunal Constitucional ordenó su clausura antes del 2026, pero la falta de planes de reubicación y reformas estructurales deja en incertidumbre a miles de internos y al sistema penitenciario nacional.
La crisis carcelaria en el Perú sigue agravándose con el inminente cierre de seis penales que actualmente se encuentran en condiciones de hacinamiento extremo. Según lo estipulado por el Tribunal Constitucional, estas cárceles deben ser clausuradas antes del 2026 por no cumplir con los estándares mínimos de habitabilidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aún no se han implementado soluciones claras para reubicar a los miles de internos que quedarían sin espacio.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta grandes desafíos para resolver esta situación, ya que la sobrepoblación en los centros penitenciarios supera el 130%. A pesar de los múltiples informes que han advertido sobre las condiciones insalubres, la falta de acceso a servicios básicos y el riesgo constante de violencia dentro de los penales, las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes o lentas.
Diversos expertos y organizaciones han señalado la necesidad urgente de una reforma estructural del sistema penitenciario, que incluya la construcción de nuevos establecimientos, el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva y la agilización de procesos judiciales. La falta de una política clara y de voluntad política podría agravar aún más la crisis, poniendo en riesgo tanto a los internos como al personal que labora en estas instituciones.
