Al respecto el Ministerio Público, informó que, los equipos fiscales que desarrollaron las diligencias en Juliaca pertenecen al distrito Fiscal de Puno
El decano del Colegio de Abogados, Fredy Ramos Ramos, sostuvo en entrevista con Onda Azul en el programa Participación Ciudadana, que, de confirmarse la llegada de fiscales de Lima para realizar diligencias de ley en el marco de las investigaciones para determinar responsabilidades de los hechos ocurridos en Juliaca, sería una interferencia directa que vulnera el principio del fiscal natural.
En entrevista dijo, “no pueden llegar fiscales de otra jurisdicción, cada fiscal tiene su competencia, los representantes de la Defensoría del Pueblo son quienes tienen que estar presentes en las diligencias, para que no se vulnere el derecho de las personas, al igual que los abogados de los familiares quienes tienen el derecho de hacer constar todas las observaciones que se identifique”.
Ministerio Público
En tanto el Ministerio Público dio a conocer que, en estricto respeto al orden legal, los equipos fiscales que desarrollaron las diligencias en Juliaca pertenecen al distrito Fiscal de Puno, y que no se envió personal fiscal desde Lima. “Las necropsias y exámenes periciales que se vienen realizando están a cargo de médicos legistas y peritos del Instituto de Medicina Legal – IML, del Ministerio Público”, se lee en el comunicado.
Sobre los hechos ocurridos, Fredy Ramos calificó lo ocurrido en la ciudad de Juliaca como un acto de genocidio, que debe ser investigado, para juzgar a las personas que tuvieron responsabilidad en los hechos acontecidos en la región de Puno.
Por ello, sostuvo que todo el sistema de justicia del Poder Judicial, tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos de manera objetiva, e indicó que, para esa función se requiere dotarlos de logística necesaria.
Investigación preliminar
Cade destacar que, la fiscal de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
