La ciudadana Francisca Ruelas González sostiene que se utilizaron documentos e información presuntamente irregular para sustentar una prescripción adquisitiva de dominio
Un controvertido caso de prescripción adquisitiva de dominio ha generado tensión en la primera cuadra del jirón El Puerto, a la altura del numeral 125, donde funciona un establecimiento comercial de comida. La ciudadana Francisca Ruelas González demandó la nulidad de un trámite notarial iniciado por Magda Cortés Iruri, tras detectar una serie de presuntas falsificaciones e inconsistencias que invalidarían el proceso legal.
Según denunció Ruelas González, la demandante habría recurrido al uso de documentación apócrifa e información falsa para sustentar el trámite realizado ante la Notaría Centeno. Entre las irregularidades señaladas destacan la consignación de colindantes ficticios en la escritura y la inclusión de testigos irreales; incluso, se habría utilizado un documento de identidad inválido de diez dígitos y consignado la firma de la propia Ruelas en una fecha en que se encontraba fuera del país.
La afectada sostiene ser inquilina del inmueble desde hace dos décadas, periodo durante el cual afirma haber pagado alquileres y realizado mejoras sustanciales en el local, a pesar de que Cortés Iruri no ostentaría la propiedad real del predio. Además, la denunciante afirma que la contraparte le adeuda más de 37 000 soles por concepto de garantías no devueltas tras la renovación de múltiples contratos.
En el marco de esta disputa legal, las denunciadas promovieron acciones por supuesta ocupación precaria y usurpación contra la comerciante, logrando la programación de una orden de desalojo para el próximo martes 1 de septiembre a las 2:00 p. m. Frente a esta medida, Ruelas indicó que las inspecciones de la Fiscalía confirmaron que la demandante nunca habitó el lugar, por lo que exige el esclarecimiento de los hechos antes de ejecutar la medida.
Finalmente, la ciudadana anunció que no abandonará el predio y reafirmó que ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se investigue el presunto fraude. Asimismo, cuestionó que ni la demandante ni su defensa legal, vinculada al abogado Eduargo Aranda Rolando, se hayan presentado a las audiencias fijadas por las autoridades para esclarecer la validez del procedimiento notarial.
