Proyecto castigaría con la pena privativa de la libertad de hasta 4 años a los operadores de justicia, así como a quienes difundan la información
Este miércoles 6 de julio, el Ejecutivo envió el proyecto de ley que pretende castigar con pena privativa a la libertad de hasta 4 años a los operadores de justicia, así como a las partes comprometidas en un proceso penal. Más conocida como ley mordaza.
El proyecto, en la acción impediría que la población pueda conocer los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los políticos de la actual gestión, ya que tanto la prensa como los fiscales de incumplir la normativa serían pasibles de una sanción penal. Ya fue remitido a la presidenta del Congreso el referido proyecto.
“La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, se lee en el proyecto.
IPYS califica de inconstitucional
En tanto, instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) han calificado el proyecto como inconstitucional. Ya que consideran que no se debería castigar las filtraciones, sino solo aquellas que evidencian un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados.
“IPYS sostiene que en esta oportunidad la intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es inconstitucional. Correspondería más bien un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, dijo la institución en un comunicado.
Fuente: La República
