Esta decisión se adoptó el 1 de abril del presente año. Ollanta Humala, afronta una serie de investigaciones por el caso Odebrecht.
El Poder Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, aprobó el pasado 1 de abril del presente año, a través de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial, pagar más de S/290.000 en favor de la defensa legal del exjefe de Estado Ollanta Humala, quien afronta una serie de investigaciones en su contra por el caso Odebrecht.
Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el abogado Edinson Huamán Chacón, será quien brinde asesoría legal al expresidente, a quien se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre los años 2011-2016.
«Otorgar la buena pro al Señor Edinson Huamán Chacón, por el monto total de S/291.000, por la contratación de Defensa Legal otorgada por Resolución 000006-2023-DP/SSG, a favor del expresidente de la República, el señor Ollanta Moisés Humala Tasso, del procedimiento de selección de la Contratación Directa 001-2024-DP-1, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado», se lee en el documento.
Cargos contra Ollanta Humala
Como es de conocimiento público, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, paguen más de 22 millones de soles por daños al Estado peruano debido al caso Centro de Convenciones Lima y 1,8 millones de dólares adicionales.
La solicitud fue presentada tras la aceptación del juez Jorge Chávez Tamariz para que la defensa legal del Estado se constituya como parte agraviada en la investigación contra el exmandatario, su esposa y otras personas, lo cual permite a la Procuraduría solicitar el pago de una eventual reparación civil si se les encuentra culpables de los cargos.
El organismo a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato especificó que el pago de 22,9 millones de soles se debe al daño patrimonial al país, derivado de pagos indebidos y el no cobro de penalidades. Además, solicitó una compensación de 1,8 millones de dólares por el daño extrapatrimonial relacionado con el impacto negativo a la reputación del Estado.
Fuente: La República
