El Ministerio Público condenó a 9 años de pena privativa de la libertad al rector de la UNAC y a otros seis implicados
El Ministerio Público condeno al rector de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Manuel Mori Paredes, a nueve años de pena privativa de la libertad, junto a otros seis implicados por delitos de corrupción.
La fiscalía precisa que la sentencia fue impuesta por ilegalidades ocurridas en los años 2012 y 2013 en la construcción del pabellón multipropósito de las escuelas profesionales de pregrado de la sede Cañete.
Por ello, también fueron sentenciados el exdirector de la oficina de administración, Jesús Pascual Atúncar I Soto, y el representante legal del Consorcio Callao, Bacilio Marcelino Castillo Jiménez.
En tanto, el exdirector de la oficina de administración de la UNAC, Luis Alberto Bazalar González, fue sentenciado a cinco años y 11 meses de prisión.
Además, dos de los tres miembros de la Comisión Especial para la adjudicación de la obra, César Lorenzo Torres Sima y Maximino Torres Tirado, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad por el delito de negociación incompatible.
Un tercer integrante y jefe del departamento de proyectos y obras, Héctor Edilberto Ignacio Callirgos, fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de negociación incompatible, colusión agravada y falsedad genérica.
Durante la audiencia virtual, el Fiscal Provincial Oscar Vite Torre del Primer despacho de la Fiscalía Provincial corporativa, especializada en delitos de corrupción contra funcionarios en el Callao, confirmó que miembros de la referida comisión se interesaron de manera directo e indebida en aceptar. La propuesta técnica del consorcio Callao, a pesar de que no cumplía con los requisitos de la base integrada.
Asimismo, representantes del Ministerio Público declararon que los imputados Ignacio Callirgos, Atúncar I Soto, Bazalar Gonzales y Mori Paredes concertaron con el representante legal del proveedor, Bacilio Marcelino Castillo Jiménez, por malversación de bienes del Estado.
Entre los elementos de convicción revelados por los representantes del Ministerio Público, se destaca la aceptación de la carta fianza por parte de la entidad COPEX, pese a que no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca y de Seguros para su emisión, lo que deja sin amparo a la universidad.
También se presentó la aprobación de sobrepagos injustificados en perjuicio de la universidad y otorgar períodos un plazo indebido por 60 días inapropiados en beneficio de los contratistas.
La referida sentencia también determina las indemnizaciones civiles por parte de los sentenciados: S/2’257,533 por delito de colusión agravada, S/240,000 por negociación incompatible y S/55,000 por falsedad genérica.
