A pocas semanas de que concluya la declaratoria, aún no existe claridad sobre las acciones que permitirían atender la falta de agua potable en Puno
A pocas semanas de que concluya la declaratoria de emergencia por estrés hídrico en Puno, todavía no existe claridad sobre qué acciones concretas se ejecutarán para aprovechar esta medida y atender la falta de agua potable en la región. Durante una entrevista en Radio Onda Azul, el senador de la República Edgar Amancha Pineda reconoció que recién abordará este tema con funcionarios del Ministerio de Vivienda, evidenciando que aún no cuenta con información técnica sobre las alternativas que podrían ser viabilizadas mediante la emergencia.
La situación quedó expuesta al consultarle sobre la posibilidad de utilizar la declaratoria para garantizar el abastecimiento de agua potable en Alto Puno y en el Hospital de Alta Complejidad, infraestructura que permanece sin este servicio básico pese a encontrarse prácticamente culminada. El senador señaló que planteará el tema en una reunión con funcionarios del Ministerio de Vivienda, pero admitió que primero necesita conocer los alcances de la declaratoria y las alternativas técnicas para resolver el problema.
La preocupación aumenta porque la emergencia hídrica fue declarada por 60 días y, según se señaló durante la entrevista, restarían aproximadamente tres semanas para su culminación. Mientras tanto, a diferencia de otras regiones como Cusco, donde se vienen gestionando recursos para acciones vinculadas al abastecimiento de agua, en Puno todavía se discute cómo utilizar esta herramienta excepcional. Amancha Pineda incluso reconoció que estos temas “todavía hay que agendarlos” y que será necesario conversar con el ministro y su equipo técnico para determinar cómo se puede intervenir.
El cuestionamiento también alcanza a las autoridades locales y regionales, debido a que las 13 provincias y los 110 distritos de Puno están comprendidos en la declaratoria. La falta de una estrategia articulada genera el riesgo de que la emergencia termine siendo únicamente declarativa, sin traducirse en obras o acciones concretas. En ese contexto, el reto para las autoridades es dejar de lado las disputas de competencias y establecer, con sustento técnico y político, qué proyectos pueden ejecutarse antes de que expire la medida.
