Respecto al escándalo de firmas falsas, refieren que el actual Congreso aprobó una Ley para exonerar a los partidos políticos de responsabilidad.
El analista político Edgar Mancha Pineda, se refirió al tema de la falsificación masiva de firmas para el proceso de inscripción de partidos políticos, en ese sentido, calificó este hecho como “muy lamentable” y sobre todo con las organizaciones que se dicen son democráticos y serían una alternativa para el país.
“RENIEC ha presentado 126 informes en los que se reportan firmas adulteradas o provenientes del mismo puño gráfico en fichas de afiliados”, señaló y agregó que casi tres cuartas partes de los partidos habilitados están involucrados en este escándalo. Entre los partidos mencionados se encuentran Perú Moderno, con cerca de 16 mil firmas supuestamente falsas, PRIN con más de 13 mil, y el Partido Demócrata Verde con más de 7 mil. También se menciona al partido del expresidente Martín Vizcarra, de Guillermo Bermejo, López Chao, Nicanor Boluarte, el partido Fuerza Popular y otros.
Recordó que estas prácticas no son nuevas, “desde el año 2000 ya se veían estas fábricas de firmas, como ocurrió con Perú 2000 de Alberto Fujimori y luego con Alejandro Toledo”, afirmó, y agregó que lo más grave es que muchos de estos partidos han sido finalmente validados por las autoridades electorales, perpetuando una cultura de impunidad.
Aunque se espera que el Ministerio Público investigue a los responsables individuales, algunos informes señalan que una sola persona falsificó tanto firmas como huellas digitales, “la legislación actual impide que los partidos políticos sean sancionados por estas prácticas. Este Congreso aprobó una ley que exonera a los partidos de responsabilidad por actos cometidos por sus dirigentes o militantes”, explicó y denunció el vacío legal existente.
“Solo queda en manos de la población, el ciudadano tiene que castigar con su voto a estos partidos que han entrado con fraude. Si no hay sanción legal, al menos que haya sanción moral”, dijo y agregó que es urgente una reforma política que impida que estas prácticas queden impunes.
