El Poder Judicial declaró inaplicable la sanción de inhabilitación por 10 años impuesta por el Congreso contra la fiscal suprema Delia Espinoza, aprobada en diciembre de 2025 por presuntas irregularidades vinculadas a la aplicación de la Ley N.° 32130
La Sala Constitucional determinó que el Parlamento no sustentó de manera objetiva las acusaciones ni explicó cómo la magistrada habría incumplido sus deberes constitucionales o vulnerado el ordenamiento jurídico. Asimismo, señaló que no existió motivación suficiente para atribuirle los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y otros.
El fallo también advierte un posible trato diferenciado, ya que otros fiscales supremos en situación similar no recibieron la misma sanción, lo que vulneraría el debido proceso y derechos fundamentales.
Finalmente, el Poder Judicial precisó que su decisión no limita las facultades de control político del Congreso, pero exige que estas se ejerzan con adecuada motivación y respeto al debido proceso.
