Presidente del Poder Judicial advierte que la bicameralidad incluyó contrarreforma en lucha anticorrupción


Presidente del Poder Judicial
Foto: presidente del Poder Judicial

El fiscal de la Nación, luego de que el Pleno apruebe una acusación constitucional, no estará obligado a proceder con la acción penal en el plazo de cinco días, como antes lo señalaba la carta magna

Durante una ceremonia este jueves 21 por el quinto aniversario del Subsistema Nacional Subespecializado en Extinción de Dominio, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió que el Congreso incluyó una contrarreforma en la bicameralidad que generaría impunidad en altos funcionarios que cuentan con antejuicio político.

«Se ha publicado esta ley de reforma constitucional y en el artículo 100, en el tercer párrafo, está hablando de la acusación a altos funcionarios. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa conforme a sus atribuciones el ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema», indicó el presidente del Poder Judicial.

Así mismo, cotejó con lo que disponía dicho artículo antes que el Congreso apruebe la bicameralidad. «¿Qué decía antes? En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días, el vocal supremo penal abre instrucción correspondiente», señaló.

Cabe indicar que, los altos funcionarios cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Cuando el titular del Ministerio Público necesita formalizar la investigación preparatoria, primero presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra el funcionario imputado. El Pleno finalmente evalúa, debate y vota un informe final sobre esa acusación. De ser aprobado, el fiscal de la Nación queda facultado para formalizar la indagación y acusarlo ante la Corte Suprema.

Es por esto que, el titular del Poder Judicial destacó el problema que ha generado el Congreso con esta contrarreforma incluida en la bicameralidad y sus consecuencias. «Estamos dejando abierta la posibilidad que a futuro un fiscal politizado o una Corte Suprema politizada, que ve el tema de investigación preparatoria, pueda no procesar. Es un retroceso terrible en la lucha contra la corrupción de los altos funcionarios que se ha aprobado y que nadie se ha dado cuenta», indicó.

Fuente: La República