Constitucionalista advierte que el retorno a la bicameralidad podría generar bloqueos políticos y exige mayor responsabilidad legislativa y representación efectiva de las regiones
El abogado constitucionalista y docente universitario Roberto Cabrera Suárez advirtió que el retorno al Congreso bicameral corre el riesgo de convertirse en una fuente de bloqueo político, debido a las deficiencias en el debate legislativo, los intereses partidarios y las posibles extralimitaciones del Senado frente a las competencias de la Cámara de Diputados.
Durante una entrevista en Radio Onda Azul, sostuvo que una cámara revisora debe mejorar las propuestas legislativas sin desnaturalizar su contenido ni anular la capacidad de decisión de la otra cámara. Sus declaraciones se producen en medio de las discrepancias por la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo para legislar sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.
Cabrera señaló que el problema no radica en el sistema bicameral en sí, sino en la forma en que se ejercen las funciones parlamentarias. Advirtió que una deliberación deficiente, la falta de preparación técnica y las decisiones basadas en conveniencias partidarias pueden reproducir los mismos problemas del Congreso unicameral.
También alertó sobre el riesgo de que la designación de autoridades responda a acuerdos políticos antes que, a criterios de idoneidad, especialmente ante la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.
El especialista remarcó que las decisiones nacionales deben considerar las necesidades de las regiones, entre ellas la crisis hídrica de Puno, la protección del lago Titicaca, las dificultades de conectividad y los problemas que enfrenta la actividad agropecuaria.
Sostuvo que la descentralización no consiste únicamente en distribuir recursos y competencias, sino en garantizar que las regiones tengan influencia efectiva en las decisiones nacionales. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a exigir explicaciones y rendición de cuentas a sus representantes, al advertir que la participación política no debe limitarse a votar cada cinco años.
