Responsabilizan a diversas entidades del Estado por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto
El Juez del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca, Andrés Carita Quispe, ha responsabilizado a diversas entidades del Estado por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto por la contaminación del rio Torococha.
Las entidades que se menciona en la sentencia son: Gobierno Regional de Puno, Dirección Regional de Salud de Puno, Municipalidad Provincial de San Román, Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca y al Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento.
Al respecto José Chata Pacoricona, director ejecutivo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), en entrevista con Onda Azul, explicó que, el año 2017, los pobladores de los distritos de Coata, Capachica, Huata y Caracoto; interpusieron una demanda constitucional de amparo en contra de las entidades ya mencionadas, por las graves violaciones a los derechos humanos, como la dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al acceso de agua potable, derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado.
Asimismo, en el año 2018, la Dirección Regional de Salud de Puno, determinó que los pozos de agua para consumo humano de los distritos en mención contienen metales pesados, entre ellos arsénico, manganeso, boro y sodio, asimismo, coliformes fecales y bacterias escherichia coli.
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua confirmó la presencia de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca Coata. También desde el año 2020, se viene realizando tamizaje de sangre sobre metales pesados a los pobladores de Coata, Capachica, Caracoto y Huata, donde se identificó a personas adultas, adolescentes, niños y niñas con arsénico y mercurio en sus organismos.
Después 6 años, el Segundo Juzgado Civil de Juliaca, emitió la sentencia N° 183-2023 que ordena a las entidades del Estado a implementar un sistema de tratamiento y potabilización de agua idónea para el consumo humano, la suspensión inmediata del vertimiento de aguas servidas, la construcción de una planta de tratamiento, entre otros.
