Defensa legal señala que reubicación de servicios de salud no puede ejecutarse sin garantías sanitarias en plena emergencia por sarampión
La defensa legal de los trabajadores del Metropolitano de Puno, Tirso Vargas, afirmó que la medida cautelar que frenó temporalmente el traslado de los servicios del Centro de Salud Metropolitano de Puno fue promovida por iniciativa de los propios trabajadores asistenciales, ante la preocupación por las condiciones en las que se pretendía ejecutar la reubicación del establecimiento en medio de la emergencia sanitaria por sarampión.
El abogado explicó que el personal de salud interpuso primero una demanda de amparo y posteriormente una medida cautelar ante el Poder Judicial, luego de advertir que el Gobierno Regional no presentó un plan de contingencia conforme a las normas técnicas exigidas para este tipo de traslados, sino únicamente un “plan de actividades”.
Según indicó, el Poder Judicial evaluó la situación sanitaria tras la declaratoria de emergencia en Puno por el rebrote de sarampión y dispuso que cualquier traslado deberá contar previamente con documentación técnica que garantice la continuidad de la atención médica, la preservación de vacunas y la cadena de frío.
“El juzgado ha señalado claramente que no basta un plan de actividades. Se requiere un plan de contingencia técnico y adecuado para proteger la salud de los pacientes”, sostuvo Vargas.
Asimismo, precisó que la resolución judicial no solo observó el inmueble, sino cualquier otro local que pueda ser destinado para el traslado, mientras no se acrediten las condiciones necesarias para operar de manera segura.
El representante legal remarcó que los trabajadores no se oponen a la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria, pero consideran que el proceso debe ejecutarse respetando las normas sanitarias y priorizando la atención de miles de pacientes que diariamente acuden al Metropolitano.
Finalmente, advirtió que, de persistir irregularidades en el proceso de traslado, podrían impulsarse denuncias ante el Ministerio de Salud y otras instancias competentes por una posible vulneración de normas sanitarias en plena emergencia regional.
