La FLF advierte que la decisión de la JNJ compromete la autonomía del Ministerio Público y apoya la continuidad de Espinoza como fiscal de la Nación, mientras se abre investigación por presunto reglaje a un magistrado
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) expresó su firme respaldo a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y criticó duramente la reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca restituir a Patricia Benavides en dicho cargo. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la FLF alertó que dicha medida “atenta contra la independencia y autonomía del Ministerio Público”.
La organización internacional sostuvo que la restitución de Benavides contradice el artículo 158 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que la elección del titular del Ministerio Público corresponde a la Junta de Fiscales Supremos. Según la federación, Delia Espinoza fue válidamente elegida por dicho órgano, y no puede ser retirada de su cargo por medio de una «discutible nulidad de oficio», sin haber sido parte del procedimiento.
La FLF también subrayó que la destitución de Benavides fue un acto administrativo ya concluido, con plenos efectos legales. En ese contexto, expresó su preocupación por las presuntas presiones y amenazas contra fiscales supremos que se oponen a su retorno. “Amenazarlos con destitución o con la comisión de presuntos delitos constituye una injerencia indebida”, advirtió el comunicado.
En paralelo, Delia Espinoza anunció la apertura de una investigación contra miembros de la JNJ por presunto reglaje al magistrado Francisco Távara, quien denunció haber sido objeto de vigilancia encubierta tras manifestar su rechazo a la restitución de Benavides. Según su testimonio, en un mes fue cambiado de chofer cuatro veces, y uno de ellos habría sido asignado directamente por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.
Espinoza calificó el hecho como “muy grave” y confirmó la apertura de una carpeta investigativa con el fin de identificar y sancionar a los responsables, reafirmando el rol del Ministerio Público en la defensa del orden constitucional y la autonomía institucional.
Fuente: La República
