El coordinador Nivardo Enríquez señala que las manifestaciones son un derecho, pero se convierten en delito cuando implican violencia, daños a la propiedad o agresiones a terceros
El coordinador del módulo defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez, señaló que, ningún acto de violencia es justificable en el marco de las protestas que se vienen desarrollando en la región Puno, principalmente en el sector transporte. Recordó que, en reunión sostenida el día lunes en la subprefectura con dirigentes transportistas, la Defensoría del Pueblo fue enfática en que las movilizaciones deben realizarse de manera pacífica, sin afectar la propiedad pública, ni privada.
“No toda protesta es un delito, es un derecho constitucional, pero se convierte en delito cuando hay violencia, daños a terceros o imposición por la fuerza”, precisó.
Advirtió que, los manifestantes que incurran en actos violentos podrían enfrentar diversas sanciones penales. Entre los delitos mencionados figuran: Disturbios, con penas de entre 5 y 8 años de prisión, Agresiones físicas, sancionadas según la gravedad de las lesiones, daños a la propiedad, dependiendo del perjuicio ocasionado, Coacción y resistencia a la autoridad.
Asimismo, remarcó que, hechos como el apedreamiento de vehículos, como un mototaxi registrado recientemente, pueden derivar en denuncias penales. Exhortó a los dirigentes a asumir un rol responsable en la conducción de las protestas, evitando excesos y controlando a sus bases.
“Debemos exigir nuestras demandas con firmeza, pero sin agredir a otras personas, sin destruir bienes ni obligar a nadie a acatar el paro”, enfatizó.
Finalmente, recordó que la violencia no solo perjudica a terceros, sino que también debilita la legitimidad de las protestas y puede traer consecuencias legales graves para quienes participan en estos actos.
