La Asociación de Víctimas cuestiona cambios de fiscales y nuevas leyes que, según sostiene, podrían retrasar los procesos y exige su derogación como condición para un eventual diálogo con Keiko Fujimori
Los familiares de las víctimas del 9 de Enero denuncian que las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas en Puno vuelven a enfrentar obstáculos. Raúl Samillán Sanga, presidente de la “Asociación de Víctimas del 9 de Enero”, afirmó que dos investigaciones que estaban próximas a llegar a juicio oral se han visto afectadas por la aplicación de nuevas normas y por cambios en los equipos fiscales.
El dirigente puso como ejemplo el caso de Carabaya, donde, según afirmó, ya se habría identificado a los policías involucrados en la muerte de dos hermanos ronderos. Sin embargo, cuestionó que los fiscales adjuntos que investigaban el caso hayan sido removidos, decisión que, desde su perspectiva, estaría provocando una nueva dilación del proceso y alejando a las familias de la posibilidad de obtener justicia.
Samillán también cuestionó la Ley de Amnistía y la Ley 32735, al sostener que esta última permite trasladar investigaciones del fuero común al fuero militar. Para la asociación, estas disposiciones podrían terminar favoreciendo que los procesos se retrasen o no lleguen a determinar responsabilidades por las muertes registradas durante las protestas.
Frente a este escenario, las víctimas plantean una condición para cualquier eventual diálogo con Keiko Fujimori: que exista una decisión política para derogar las normas que consideran perjudiciales y garantizar que las investigaciones continúen. “No queremos promesas”, sostiene la asociación, que exige que los casos avancen hasta determinar quiénes fueron responsables de las muertes ocurridas en Puno.
