Norma promueve gestión eficiente, participación multisectorial y prioriza el uso del 70% del presupuesto en programas de protección social para poblaciones vulnerables.
Desde el 2018, la Sociedad de Beneficencia de Puno se encuentra en proceso de implementación del Decreto Legislativo N.º 1411, norma que redefine la naturaleza, funciones y organización de estas instituciones a nivel nacional. Según explicó Freddy Mejía, miembro del directorio, el decreto establece que las beneficencias no son entidades públicas, aunque realizan una labor complementaria al Estado en la atención de poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes y mujeres en situación de riesgo.
Una de las principales innovaciones del decreto es la conformación del directorio institucional, que ahora incluye representantes de la Municipalidad Provincial, el Ministerio de la Mujer y el Gobierno Regional. Este órgano establece las políticas locales de intervención social en función a las necesidades del territorio, bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de estas entidades.
Además, se determina que solo el 30% del presupuesto puede destinarse a gastos administrativos, mientras que el 70% debe enfocarse en protección social o actividades económicas que la sustenten.
Actualmente, la Beneficencia de Puno sostiene sus operaciones con recursos autogenerados, como la venta de nichos, donaciones o herencias vacantes. Esta nueva lógica de gestión busca fortalecer los servicios de atención desde una perspectiva de derechos humanos, superando el antiguo enfoque asistencialista basado en la caridad.
