Richard Hancco rechazó la acción de amparo presentada por trabajadores de la Diresa y afirmó que la oposición al traslado retrasa una obra prioritaria para Puno
El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, cuestionó la acción de amparo presentada por trabajadores de la Dirección Regional de Salud (Diresa) para impedir el traslado de las oficinas administrativas de la entidad y advirtió que, de no alcanzarse una solución en los próximos días, se procederá con acciones para ejecutar la medida, incluso con intervención policial. La autoridad sostuvo que se han agotado los espacios de diálogo y afirmó que la resistencia al traslado está retrasando un proyecto que se considera prioritario para la región.
Según indicó, los argumentos expuestos en la demanda no tendrían sustento suficiente, ya que las actuales instalaciones de la Dirección Regional de Salud funcionan en una infraestructura antigua que, en su opinión, no reúne las condiciones adecuadas. Asimismo, señaló que el caso es distinto al de otros establecimientos de salud, donde las observaciones estaban relacionadas con requisitos técnicos específicos. En ese contexto, expresó sus dudas sobre la admisibilidad de la acción de amparo y aseguró que el local propuesto para el traslado ofrece mejores condiciones.
“Espero que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno instruya a sus jueces a efectos de evaluar mínimamente recurrir al local donde se pretende trasladar y verificar que este reúne mejores condiciones de las que tienen ellos en este momento”, indicó la autoridad regional. Asimismo, rechazó que el traslado de la institución perjudique a los estudiantes universitarios y afirmó que, por el contrario, permitirá mantener los convenios existentes para las prácticas de estudiantes de Medicina Humana y otras carreras de la salud.
La autoridad también informó que ya se remitió la documentación que acredita la libre disponibilidad del terreno planteado para la Dirección Regional de Salud y acusó a algunos opositores de intentar retrasar el proyecto hasta comprometer su financiamiento. Además, cuestionó la actitud del abogado de los trabajadores, al considerar que sus declaraciones exceden una defensa estrictamente legal.
