Autoridades retiraron rellenos, desmontes y cercos instalados en una zona protegida de 18 metros de ancho, mientras persiste la controversia sobre la propiedad y naturaleza del terreno intervenido
Momentos de tensión se vivieron en la urbanización San Julián y los Geranios de Juliaca, donde autoridades municipales intervinieron una zona ubicada junto al río Torococha tras una denuncia por una presunta invasión en el cauce. La diligencia contó con la participación de representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Fiscalización Urbana y Serenazgo, quienes verificaron la presencia de materiales de construcción y estructuras instaladas en el lugar.
Durante la intervención, el procurador de la Municipalidad Provincial de San Román, Walter Mamani Pacori, sostuvo que el área ocupada forma parte del cauce natural del río Torococha y advirtió que cualquier construcción en este espacio podría generar riesgos durante la temporada de lluvias. Según indicó, el relleno detectado en la zona podría alterar el curso del agua y provocar inundaciones, por lo que no descartó el inicio de acciones legales una vez concluyan las evaluaciones técnicas correspondientes.
Sin embargo, la versión fue rechazada por Néstor Paricahua Pacori, quien se presentó como propietario de los lotes observados. El ciudadano afirmó haber adquirido los terrenos en 2010 y aseguró contar con planos y resoluciones municipales que demostrarían que el sector corresponde a un canal de aguas pluviales y no al cauce del río. Asimismo, señaló que el recorrido original del agua habría sido modificado años atrás debido a ocupaciones informales registradas en la zona.
Finalmente, la municipalidad de San Román, en coordinación con diversas entidades, recuperó la faja marginal y el cauce del río Torococha, en dicha zona, que habían sido ocupados de manera irregular mediante rellenos, desmonte y cercos provisionales. Durante la intervención se retiró el material que afectaba el cauce, restableciendo un área protegida de 18 metros de ancho, conforme a lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, los ocupantes retiraron voluntariamente las estructuras instaladas y las autoridades exhortaron a la población a no adquirir terrenos en áreas protegidas, advirtiendo que continuarán los operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de los recursos hídricos.
