Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 24 horas y exigen mejoras laborales


Medida de protesta se desarrolla de manera pacífica sin afectar audiencias urgentes con personas privadas de libertad

Los trabajadores del Poder Judicial en la región Puno, se sumaron al paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial del Perú (FENASIPO), exigiendo el cumplimiento de una serie de demandas laborales que, según señalaron, permanecen pendientes desde hace varios años.

Entre los principales reclamos figura la implementación de la escala remunerativa, para los trabajadores judiciales, compromiso que, según indicó el sub secretario general del SUTRAPOJ-Puno, Reynaldo Francisco Chávez Pérez, no se cumple desde el año 2017. Asimismo, demandó la incorporación inmediata de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS al Decreto Legislativo 728, cuestionando la lentitud en la ejecución de las normas aprobadas para este proceso.

Los manifestantes también solicitaron mejoras en los beneficios laborales de los trabajadores CAS, quienes actualmente perciben solo el 10% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones. Durante la protesta, el dirigente remarcó que, la medida de fuerza se desarrolla de manera pacífica y que se están garantizando las audiencias con reos, para no afectar los procesos urgentes.

Otro de los puntos expuestos fue la sobrecarga laboral que enfrentan los trabajadores, especialmente en el módulo penal de Juliaca, donde denunciaron extensas jornadas de trabajo que se prolongan hasta altas horas de la noche sin el reconocimiento de horas extras.

Los representantes sindicales señalaron que, el crecimiento poblacional de Juliaca ha incrementado considerablemente la carga procesal, por lo que, solicitaron la creación de nuevos juzgados colegiados, para mejorar la atención de los casos y reducir la presión sobre el personal judicial. Rechazo la demora en el tratamiento de iniciativas legislativas relacionadas con sus demandas y exhortó a las autoridades nacionales y judiciales a atender sus reclamos en favor de mejores condiciones laborales.