La institución solicitó informes al Hospital Carlos Monge Medrano y pidió determinar responsabilidades administrativas y penales. Advirtió que la falta de un dosaje etílico inmediato podría dificultar la recopilación de pruebas
La Defensoría del Pueblo inició una queja de oficio contra el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, tras la difusión de videos que muestran la presunta conducta irregular de un médico durante su jornada laboral. El coordinador del Módulo Defensorial de la provincia de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, informó que se solicitó un informe documentado al director del nosocomio y se pidió el inicio inmediato de las investigaciones administrativas para determinar responsabilidades.
El funcionario explicó que la Defensoría requirió conocer las acciones adoptadas por la dirección del hospital, así como verificar si los hechos fueron comunicados al Ministerio Público y al órgano de control correspondiente. Precisó que, de confirmarse una presunta responsabilidad penal, la Fiscalía deberá intervenir para desarrollar las investigaciones que correspondan, además del proceso administrativo que ya habría sido aperturado por el establecimiento de salud.
Enríquez Barriales cuestionó que, pese a la intervención policial, no se haya practicado de inmediato una prueba de dosaje etílico al médico involucrado, lo que podría dificultar la obtención de pruebas. No obstante, señaló que la investigación aún puede sustentarse con imágenes de video vigilancia, testimonios y otros medios probatorios. Asimismo, recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión y control del personal de salud para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de presunto maltrato o mala atención en los establecimientos de salud mediante el libro de reclamaciones o ante las oficinas de SuSalud. La institución anunció que continuará supervisando el cumplimiento de estos mecanismos y dará seguimiento al caso para garantizar una investigación transparente y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones que establece la ley.
