Organizaciones advierten riesgo a su operatividad y exigen que la sociedad civil se pronuncie ante la fiscalización impulsada por el gobierno
La reciente ley aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el actual gobierno de Dina Boluarte faculta la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, con el fin de impedir que algunas de ellas sigan promoviendo el odio y la desunión entre los peruanos. Carol Reynoso Torres, directora ejecutiva nacional de Global Humanitario Perú, dijo que principalmente afecta a la sociedad civil organizada. “El apoyo de las ONG siempre fue a poblaciones vulnerables y desfavorecidas”, indicó.
Consideró que es la misma sociedad la que debe organizarse y emitir un pronunciamiento sobre la referida ley. Dijo que en Puno no existe una plataforma organizada de las ONG que permita alzar su voz de protesta, por lo que consideró urgente su creación o implementación.
Sobre la ONG que hoy preside, dijo que cumplen con todo lo requerido por ley en el país, desde la emisión y reporte de informes económicos y otros. “Somos constantemente controlados y se cumple con todo lo requerido”, indicó. Reynoso Torres consideró que, en algunos casos, se pone en riesgo la continuidad de otras ONG, que incluso podrían extinguirse con el tiempo.
